Reformas Sanitarias en nuestra América Latina

A pesar de los grandes y significativos avances observados en la mayoría de los países de América Latina  en los últimos 20 años en materia de salud y en lo que protección social se refiere, en esa lucha incipiente de la generación de un Estado de Bienestar, existe particularmente en los países con gobiernos hoy definidos como “progresistas”, una coincidencia fácil entre el ciudadano común y el experto cuando se trata de apreciar la eficiencia y la eficacia de las reformas de sus sistemas sanitarios hasta hoy implementadas. Como una insatisfacción con respecto a las expectativas de la gente, puesto que parecen no realizar de manera satisfactoria sus principales objetivos en la reducción de esa brecha de las inequidades y desigualdades sociales en salud, así como de mejorar la calidad y la continuidad de los servicios en todos los niveles de atención.

Intentaré simplificar en tres dimensiones no finitas, como tampoco independientes,  de las fundamentación sobre este cuestionamiento. Primero, desde el punto de vista económico se puede observar que en muchos casos la reforma permanece focalizada en los aspectos de gestión (centrada en la eficiencia económica, separación de funciones, privatización o tercerización de servicios…) y  reducción del gasto público en salud, y cuando se observan incrementos los sistemas de financiamiento y de distribución de recursos financieros destinados a la mejora de la salud no parecen beneficiar los intereses de las poblaciones sino más bien las del propio sistema sanitario. También existen casos concretos de países donde es la banca privada la que otorga créditos más accesibles para dar infraestructura en salud, siendo finalmente un endeudamiento que condiciona desde su raíz todo un sistema público. 

Segundo, Desde un punto de vista político, se observar que el indispensable “cambio de modelo de atención” no logra realizarse y por lo tanto sustentar las reformas: el modelo asistencialista y mercantilista permanecen en una posición hegemónica y dominante, las capacidades rectoras y por lo tanto la voluntad reformadora del Estado no logra imponerse a las “casi divinas leyes del mercado”. Los usuarios del sistema permanecen en una posición de dominados sin capacidad de control social, y también hay que destacar que los profesionales del sector “confunden” intereses particulares con el interés general, confunden beneficios con privilegios, así como tantas veces sucedió durante los últimos dos años en Paraguay, reclamos de gremios sanitarios poniendo en riesgo la salud poblacional priorizando asimétricamente más sus propios privilegios.

Tercero y último, desde el punto de vista de la salud pública se puede observar una baja articulación entre las reformas de los sistemas de salud y de seguridad social que no favorece la extensión de la cobertura de protección social en salud, las funciones esenciales en salud pública no han sido consideradas estructurales de las reformas y muchas veces han sido relegadas; el desafío de la formación de recursos humanos en salud, particularmente en del sector público,  necesarios a la sustentabilidad de las reformas y las instituciones no se ha enfrentado de manera satisfactoria; a pesar de incorporar formalmente los conceptos de redes integradas de Servicios de Salud en distintos modelos o con articulaciones mínimas con el sector privado. Así también, la fragmentación y segmentación de los servicios no ha logrado reducirse, ni la calidad global mejorarse de manera significativa tanto en los procesos de atención como en los resultados finales obtenidos.

Por lo tanto, hemos llegado al momento en que no hay que crear nada nuevo, sino más bien asumir estos errores, admitir esta falta de pujanza para profundizar  los principios de las reformas a nivel regional, aprovechando la potencial red los lazos y experiencias entre los países hermanos, por una región más equitativa, justa y saludable.